114 / 198
la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de su importe salvo que
lleve a cabo el reintegro a que se refiere el apartado 5 de este artículo.
2. Las mismas penas se impondrán al que, en el desarrollo de una actividad sufragada
total o parcialmente con fondos de las Administraciones públicas los aplique en una cantidad
superior a ciento veinte mil euros a fines distintos de aquéllos para los que la subvención o
ayuda fue concedida salvo que lleve a cabo el reintegro a que se refiere el apartado 5 de
este artículo.
3. Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la
posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o
incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un período de tres a seis años.
4. Para la determinación de la cantidad defraudada se estará al año natural y deberá
tratarse de subvenciones o ayudas obtenidas para el fomento de la misma actividad privada
subvencionable, aunque procedan de distintas administraciones o entidades públicas.
5. Se entenderá realizado el reintegro al que se refieren los apartados 1 y 2 cuando por
el perceptor de la subvención o ayuda se proceda a devolver las subvenciones o ayudas
indebidamente percibidas o aplicadas, incrementadas en el interés de demora aplicable en
materia de subvenciones desde el momento en que las percibió, y se lleve a cabo antes de
que se haya notificado la iniciación de actuaciones de comprobación o control en relación
con dichas subvenciones o ayudas o, en el caso de que tales actuaciones no se hubieran
producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante de la
Administración autonómica o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra
aquél dirigida o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen
actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias. El
reintegro impedirá que a dicho sujeto se le persiga por las posibles falsedades
instrumentales que, exclusivamente en relación a la deuda objeto de regularización, el
mismo pudiera haber cometido con carácter previo a la regularización de su situación.
6. La existencia de un procedimiento penal por alguno de los delitos de los apartados 1 y
2 de este artículo, no impedirá que la Administración competente exija el reintegro por vía
administrativa de las subvenciones o ayudas indebidamente aplicadas. El importe que deba
ser reintegrado se entenderá fijado provisionalmente por la Administración, y se ajustará
después a lo que finalmente se resuelva en el proceso penal.
El procedimiento penal tampoco paralizará la acción de cobro de la Administración, que
podrá iniciar las actuaciones dirigidas al cobro salvo que el Juez, de oficio o a instancia de
parte, hubiere acordado la suspensión de las actuaciones de ejecución previa prestación de
garantía. Si no se pudiere prestar garantía en todo o en parte, excepcionalmente el Juez
podrá acordar la suspensión con dispensa total o parcial de garantías si apreciare que la
ejecución pudiese ocasionar daños irreparables o de muy difícil reparación.
7. Los Jueces y Tribunales podrán imponer al responsable de este delito la pena inferior
en uno o dos grados, siempre que, antes de que transcurran dos meses desde la citación
judicial como imputado, lleve a cabo el reintegro a que se refiere el apartado 5 y reconozca
judicialmente los hechos. Lo anterior será igualmente aplicable respecto de otros partícipes
en el delito distintos del obligado al reintegro o del autor del delito, cuando colaboren
activamente para la obtención de pruebas decisivas para la identificación o captura de otros
responsables, para el completo esclarecimiento de los hechos delictivos o para la
averiguación del patrimonio del obligado o del responsable del delito.
Artículo 308 bis.
1. La suspensión de la ejecución de las penas impuestas por alguno de los delitos
regulados en este Título se regirá por las disposiciones contenidas en el Capítulo III del
Título III del Libro I de este Código, completadas por las siguientes reglas:
1.ª La suspensión de la ejecución de la pena de prisión impuesta requerirá, además del
cumplimiento de los requisitos regulados en el artículo 80, que el penado haya abonado la
deuda tributaria o con la Seguridad Social, o que haya procedido al reintegro de las
subvenciones o ayudas indebidamente recibidas o utilizadas.
Este requisito se entenderá cumplido cuando el penado asuma el compromiso de
satisfacer la deuda tributaria, la deuda frente a la Seguridad Social o de proceder al reintegro
de las subvenciones o ayudas indebidamente recibidas o utilizadas y las responsabilidades
Página 108
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.